En México, casos de gran impacto como el de “Campo Algodonero” o el de los “43 de Ayotzinapa” se han vuelto referentes de esta lucha, pero su notoriedad podría eclipsar una tragedia mucho más vasta. La dimensión real de este drama también la podemos medir en la labor de las “madres buscadoras”. 

El emblemático caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido durante la llamada “Guerra Sucia” por el Ejército Mexicano en 1974. Es la piedra angular que transformó el Estado de derecho en México. Tras décadas de impunidad en sede nacional, su familia llevó la lucha al ámbito internacional en 2001. Ante el incumplimiento del Estado mexicano respecto de las recomendaciones hechas por la ComisiónIDH, ese órgano internacional sometió el caso a la CorteIDH. El resultado fue una sentencia condenatoria que obligó al Estado mexicano a reconocer su responsabilidad, a reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas indirectas y a rediseñar las leyes para que los derechos humanos fueran reconocidos y elevados a rango constitucional.

Al aceptar la competencia de la CorteIDH, el Estado mexicano estableció varias reservas; p. ej: que no se juzgaran abusos del pasado, solo los ocurridos a partir de que reconoció la competencia de la Corte. Sin embargo, el punto más polémico fue la reserva para blindar al Ejército con el fuero militar, excluyéndolos así de la competencia del Sistema Interamericano de DH (SIDH). 

Todas las reservas cayeron ante la jurisprudencia sobre DFP de la CorteIDH; por ejemplo: consideró que la DFP es imprescriptible porque solo se resuelve hasta que se conozca el paradero de la víctima, superando el argumento del Estado mexicano sobre la prescripción del crimen o el de la época de la desaparición obligándole a legislar para que estos casos fueran resueltos por jueces del fuero civil, rompiendo con décadas de fuero militar.

A pesar de los esfuerzos del Estado mexicano para cumplir su compromiso con el SIDH y la ONU, los resultados no son positivos. Aunque el gobierno actual presente el informe sobre de DFP para convencernos de su buena fe, las políticas públicas implementadas no alcanzan a desvirtuar la responsabilidad del Estado, porque el principio de aquiescencia lo impide. Esto significa que no importa si el crimen lo comete un funcionario público o un grupo criminal; si el Estado permite, tolera o simplemente no investiga con diligencia o se conforma con una “prueba de vida” que no sea el paradero de la víctima para proclamar su rescate o localización, adquiere responsabilidad ante SIDH y ante la ONU. 

Así sucedió en el “caso Radilla”, la falta de resultados y el incumplimiento de las recomendaciones formuladas por la ComisiónIDH provocó que el proceso escalara hasta una condena pública vinculatoria para el Estado mexicano. Las DFP son una realidad, el informe es evidencia de esto. Invitar al Alto comisionado de DH de la ONU solo sirve para ganar tiempo. ¿Qué hacer en este caso? Enfrentar la verdad.